Las aplicaciones de servicio público se encuentran en auge en Colombia. Cada día se realizan al menos 330.000 servicios en 15 ciudades del país. Todo empezó con la llegada de la pionera Uber en el año 2013, empresa que ahora cuenta con 88.000 socios en 12 ciudades.
No obstante, también se ha acrecentado el debate sobre la regulación de estas aplicaciones y si esta modalidad representa una competencia desleal para el gremio de los taxistas. Estos aseguran ser víctimas de un exceso de regulación por parte de las autoridades, mientras que los conductores de las apps operan en la ilegalidad.
La popularidad de las aplicaciones de trasporte público ha ido en aumento debido a los beneficios que estas ofrecen en comparación a las opciones de transporte público tradicional. Por ejemplo: inmediatez, comodidad, seguridad y precios más bajos.
Algunas de las aplicaciones de trasporte público más populares que operan en Colombia son:
La más reciente es DiDi, que inició actividades en el país el pasado mes de junio y ya cuenta con más de 12.000 socios conductores registrados.
A pesar de que las empresas que prestan los servicios están constituidas de forma legal en el país, el Ministerio de Transporte ha señalado que, actualmente en Colombia está prohibido prestar servicio de transporte público cuando un vehículo está registrado como de uso particular.
El organismo se basa en la Ley 336 de 1996, la cual en su artículo 11 expresa: “Las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o constituidas para tal fin, deberán solicitar y obtener Habilitación para operar…La Habilitación, para efectos de esta Ley, es la autorización expedida por la autoridad competente en cada Modo de transporte para la prestación del servicio público de transporte.”
En ese sentido, ya se han expedido varias sanciones a las empresas prestadoras de estos servicios, así como también se han generado infracciones para los conductores que trabajan con las apps.
Las sanciones involucran la suspensión o cancelación de la licencia de conducción
Por su lado, Uber y Beat han sido algunas de las organizaciones que se ha pronunciado a favor de trabajar conjuntamente con los organismos del estado para iniciar el proceso de regulación y legalización de este tipo de aplicaciones.
En ese sentido, se ha propuesto la creación de una nueva categoría de transporte llamada Transporte Privado Intermedidado por Plataformas (TPIP)